La incapacitación judicial; el proceso de incapacidad y nombramiento de tutor

Abogado Amigo Civil

La incapacitación es el instituto jurídico por el que se priva a una persona de su capacidad de obrar por adolecer de enfermedades o deficiencias permanentes de carácter físico o psíquico que le impiden gobernarse por sí mismo.

Sólo puede tener lugar la incapacitación mediante un proceso judicial en el que el juez, previo examen del incapaz, declare su ausencia de capacidad para obrar en el tráfico jurídico y procederá al nombramiento de un tutor.

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La incapacitación judicial

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La incapacitación pude ser total o parcial, según el grado de conocimiento que tenga el incapaz. Cuando es total, se suprime la capacidad de obrar del incapacitado y se nombra un tutor para que administra su persona y bienes sujetándose en todo momento a las obligaciones y controles establecidos por el Código Civil. Cuando es parcial por apreciarse que sólo necesita un complemento de capacidad para determinados actos, el juez procederá a nombrar un curador que deberá participar en los actos que hubieran sido determinados (por ejemplo, para realizar actos de disposición, o para realizar actos de contenido patrimonial en relación a bienes inmuebles).

proceso de incapacitación

En el proceso de incapacitación deberá acreditarse mediante los informes médicos pertinentes, la imposibilidad del incapaz de regirse por sí mismo. En este punto será fundamental la valoración por parte de un perito forense que permita cuantificar el impacto que la enfermedad e deficiencia que tiene el presunto incapaz sobre su autonomía para regir su persona y bienes. Para plantear la demanda de incapacitación es necesario contar con el adecuado asesoramiento de abogados expertos en tutelas e incapacidades y aportar junto con la demanda indicios suficientes para poner en cuestión la capacidad de la persona afectada por la limitación de su voluntad que hacer y de querer.

Abogado Proceso de incapacitación

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La incapacitación es ante todo una medida tendente a proteger el patrimonio y la persona del incapaz. La restricción de la capacidad de la persona no es en ningún caso una sanción y sólo busca el beneficio del propio incapaz. Tampoco es un premio o gratificación para la persona que sea nombrada tutor ni supone un juicio o valoración sobre su actuación. El juez al declarar la falta de capacidad sólo atenderá a que esa sea la medida más adecuada para garantizar el bienestar físico y la integridad personal de la persona afectada por la limitación.

Si una persona que tiene afectada su capacidad de entender y de querer mantiene su capacidad de actuar válidamente en derecho, se origina un peligro de pérdida patrimonial irreparable, ya sea porque el incapaz disponga de sus bienes irreflexivamente, ya sea porque su voluntad es captada por algún desaprensivo que pretende obtener ventaja patrimonial de la vulnerabilidad del incapaz. Todos esos negocios celebrados por quien debía haber sido incapacitado y no lo fue son, a priori, perfectamente válidos, y su impugnación requiere la acreditación del engaño, de la falta de capacidad o de la captación de la voluntad, extremos todos estos cuando menos complicados de acreditar.

Nombramiento de tutor

El juez nombrará tutor preferentemente a la persona designada por el propio incapaz en documento público (por ejemplo, en un poder preventivo). La voluntad del propio incapaz manifestada en forma legal será tenida muy en cuenta por parte del juez en el proceso de incapacitación. Esos documentos en los que se manifiesta la preferencia para que una persona sea nombrada tutor en caso de necesidad se conocen genéricamente como autotutela. A pesar de que parezca que la autotutela es el tutelado incapaz quien designa al tutor o quien decide quién debe ser, debemos dejar muy claro que es siempre y en todo caso el juez tras el correspondiente proceso quien realiza el nombramiento. Ni el juez está obligado a nombrar a la persona llamada a ser tutor en la autotutela ni esa persona puede asumir representación alguna mientras el juez no la nombre.

Subsidiariamente, cuando no se hubiera otorgado un acto de nombramiento, el juez preferirá para el llamamiento a ser tutor al cónyuge, los padres, a la persona designada por los padres en su testamento, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del incapaz por este orden. No obstante, del mismo modo que reflejábamos respecto de la tutela elegida, esta es una mera enumeración y podrá acreditarse en el proceso de incapacitación la idoneidad y por lo tanto preferencia de cualquiera de los mencionados.

Debemos tener en cuenta que para proteger el patrimonio de las personas con discapacidad existen otras figuras menos agresivas con su autonomía como pueden ser la constitución de un patrimonio protegido o el otorgamiento de un poder preventivo para el caso de incapacidad.

El poder preventivo para el caso de incapacidad es tremendamente útil para dar una respuesta aquellas situaciones en las que la persona no puede regirse por sí misma aunque sea de forma transitoria. Mientras que la incapacitación responde a situaciones en las que la incapacidad tiene un carácter permanente, el poder preventivo entra en funcionamiento desde el momento en que el poderdante no puede consentir. El poder sirve tanto para esas situaciones meramente transitorias de imposibilidad de consentir como para dar facultades de gestión en caso de ser necesario a una persona en el periodo intermedio desde que la incapacidad aparece y el momento en el que el juzgado resuelve el procedimiento de capacidad.

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